TUCUMÁN: LA POLICÍA ASESINÓ A UN TRABAJADOR RURAL POR LA ESPALDA Y TIRARON EL CUERPO A 80 KM

Después de una semana desaparecido, el trabajador rural tucumano fue encontrado muerto. El disparo salió de un arma de la policía. Trataron de esconder el cuerpo, tirándolo en el límite de la provincia con Catamarca.
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Hay solo cuatro datos que no están en discusión: Luis Armando Espinoza, un trabajador rural tucumano de 31 años, salió de su casa una tarde para un trámite; estuvo una semana desaparecido;fue encontrado muerto de un tiro en la espalda proveniente de un arma reglamentaria de la policía provincial; y hay nueve efectivos y dos civiles detenidos por el hecho, acusados de haberlo matado e intentar esconder su cuerpo. Todo lo que se encuentra en el medio es materia de investigación.

El viernes 15 de mayo Luis salió a caballo, como siempre, de la casa que compartía con su compañera, Soledad Ruiz, y los seis hijos de la pareja, en la localidad tucumana de Rodeo Grande, distrito de Simoca, una zona rural pegada a la provincia de Santiago del Estero. Espinoza cobraba un sueldo de la comuna de Chicligasta y solía viajar a las provincias del sur en temporada de recolección de frutas para llegar a fin de mes. Ese día, iba a cobrar unos 16mil pesos y llevarlos a casa de dos familiares. Eran 6mil para Micaela, la sobrina, y 10mil para que su cuñado pudiera comprar ruedas para el auto. El entorno describe a Luis como alguien “muy dedicado a la familia”. Causa o consecuencia de eso y de la necesidad de cuidar el mango, muchos de los Espinoza viven en la misma manzana y se reúnen al mediodía para compartir el plato, así no gastan demasiado en cada comida. Suelen ser más de 30 cada vez que se juntan. El año pasado su casa se incendió, y desde entonces están en plena reconstrucción, cada vez que aparece un mango. 

Esa misma tarde en que Luis iba a repartir dinero entre sus familiares, 8 de los 13 agentes que hay en los dos turnos de la comisaría de Monteagudo fueron cerca de su destino, al paraje El Melcho, en el sudeste de Tucumán, bajo la excusa de dispersar una carrera de caballos con unos 200 espectadores. Había que hacerlo por tratarse de una carrera ilegal, pero se agregaba el riesgo de 200 personas amontonadas en tiempos de coronavirus. La policía llegó a horario y el espectáculo no se concretó. Testigos de la llegada de los agentes al lugar aseguraron que la aparición policial fue a los tiros, en autos particulares, y sin uniformes reglamentarios. Tiraban tiros al aire, sin mediar voz de alto y vestidos de civil. Por fortuna, no hubo heridos. Salieron todos corriendo.

A unos 800 metros de la pista de carrera, la policía se cruzó con Juan Antonio, el papá de Micaela, uno de los 16 hermanos de Luis. Juan Antonio andaba sobre su yegua, volvía de cobrar la pensión por discapacidad que recibe por problemas cardíacos, y los agentes le ordenaron bajarse del caballo, quizás creyendo que asistía al show de caballos. Juan Antonio cuenta que, así como bajó, los agentes lo esposaron y le empezaron a pegar. Luis, que venía detrás, se topó con esa escena a cierta distancia y les gritó que dejaran de golpear a su hermano. La policía, entonces, decidió dejar esposado a Juan Antonio a la vera de un pastizal y perseguir a Luis, que estaba a 20 o 30 metros. Eso fue lo último que la familia supo de Luis. Juan Antonio lo perdió de vista pero sí llegó a ver a uno de los policías agarrar un arma y apuntar en dirección a su hermano. Escuchó un disparo y se desmayó, cree que por un golpe en la cabeza. Al despertar, encontró un charco de sangre pero ningún rastro de Luis. El cuerpo apareció el viernes siguiente, a unos 100 kilómetros de ese lugar, en un barranco de otra provincia vecina, Catamarca, envuelto en una bolsa y con un tiro en el omóplato izquierdo.

La principal hipótesis

“Yo creo que hubo un error gravísimo, que se mandaron un exceso grande, y, cuando advirtieron que no estaba con vida, no se les ocurrió otra cosa que esconder el cuerpo”, analiza Cinthia Campos, abogada de la querella.

Los detenidos son once: el subcomisario Rubén Montenegro, señalado como quien pensó el plan para hacer desaparecer el cuerpo; los sargentos René Ardiles y Víctor Salinas; los cabos Claudio Zelaya, José Paz y Miriam González; el agente Esteban Rojas González; el auxiliar José Morales; otro policía de apellido Romano; Héctor Villavicencio, “Villa”, el vigía de la comuna; y un civil, primo de uno de los oficiales. La fiscalía contempla como hipótesis que los policías no estuvieran con uniforme porque el operativo contra la carrera de caballos no era oficial sino que iban a llevarse una recaudación.

La información judicial es limitada. Ni la abogada de la familia pudo acceder todavía al expediente, a dos semanas del hecho. Lo que trascendió fue que algunos detenidos rompieron el pacto de silencio y así pudo hallarse el cuerpo y empezar a reconstruirse lo ocurrido.

No está claro si Luis murió en el acto. La autopsia indica que la bala le perforó el pulmón y lesionó la zona intercostal. Lo que asegura la familia, a partir de distintos testimonios, es que los policías lo llevaron a la comisaría y allí lo tuvieron cerca de tres horas. “Creemos que falleció en el lugar y que, una vez que lo advirtieron, lo llevaron a la comisaría de Monteagudo en el auto del comisario. Ahí lo habrían desvestido y sacado el calzado. Lo envolvieron con una colcha de lana de color gris y lo sujetaron con una bolsa tipo nylon o de plástico, como las que se usan en los silos para guardar granos. Utilizaron unas piolas, unas sogas, lo envolvieron y lo pusieron en el baúl del auto del comisario. Todo eso con los 120 kilos que pesaba”, le dice Campos a Cenital. Los 16mil pesos de Luis siguen sin aparecer.

La teoría, después de haber sido captados por cámaras de seguridad, es que lo llevaron a Catamarca por la ruta 65, una ruta provincial para quienes se dedican a la agricultura, con muchos sembradíos de papa en la zona. “No es una ruta común porque es un camino de ripio. Es de difícil acceso, tiene muchísimo precipicio. El lugar donde se encontró el cuerpo de Luis es el más peligroso del trayecto”, amplía la abogada. Reconstruir los hechos ayudará a concluir si corresponde que la investigación siga caratulada como “homicidio agravado y encubrimiento”, o si debe pasar a la justicia federal bajo la figura de desaparición forzada de persona.

Luis fue encontrado a 150 metros de profundidad, con el cuerpo comido por los animales. Lo halló otro de sus hermanos, Manuel, junto a Daniel, el cuñado, y un perro de la familia, después de que las autoridades judiciales tucumanas solicitaran autorización a la jurisdicción vecina, a partir de las declaraciones de dos de los detenidos. Bomberos, miembros de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) participaban del operativo, pero fue Manuel quien vio de lejos la bolsa donde estaba el hermano. La familia, por entonces, no tenía esperanzas de encontrarlo con vida. Sabían que si Luis hubiese estado vivo, herido o perdido, hubiera sabido cómo sortear la dificultad para avisarles. Conocía la zona mejor que nadie.

La periodista tucumana Mariana Romero contribuyó a que la información alcanzara a medios nacionales y eso, junto a marchas convocadas por organizaciones de Derechos Humanos, presionó a las autoridades locales para agilizar los trámites, según considera la familia de Luis.

¿Quién responde por el crimen de Luis?

La fiscal Mónica García de Targa, titular de la Fiscalía de Instrucción Penal I del Centro Judicial de Monteros, estudia llamados de los teléfonos celulares de los detenidos, para saber si son todos responsables de la desaparición del cuerpo y si había autoridades de mayor rango al tanto de lo planeado.

"Hay que caerles con todo el peso de la ley", respondió el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, consultado por el caso en un acto aniversario de la Revolución de Mayo. "Todos aquellos que hayan cometido el delito, que hayan sido partícipes de este asesinato, tienen que ser juzgados, condenados y ojalá que esto se haga rápido y se haga pronto. Todos aquellos implicados van a ser juzgados, puestos a disposición".

El secretario de Seguridad provincial, Luis Ibañez, prometió que los policías implicados serán expulsados de la fuerza, y el jefe policial, Manuel Bernachi, aseguró que ya fueron separados durante la investigación. "Después de haber confirmado que se cometió el delito más grave de todos, el homicidio, se dio inicio a todo el protocolo administrativo que terminará sin dudas en la expulsión de la Policía de Tucumán de los eventuales responsables de este hecho tan grave”, dijo Bernachi.

Se busca precisar quién mató a Espinoza, pero ya se sabe que la bala salió de una pistola Jericho calibre 9 milímetros, que pertenecería al oficial auxiliar José Morales. El ECIF es el encargado de hacer las pericias, porque la fiscal prefiere que no estén en manos de la fuerza. Trabajan con las armas secuestradas a los policías, las vainas servidas halladas cerca de la pista de caballos, y la bala encontrada en el cuerpo de la víctima. Otro objeto de estudio son los rastros de sangre en la camioneta de González Rojas y el auto del comisario Montenegro.

Diez días después de la desaparición de Luis, el vicegobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, recibió en la casa de gobierno a la viuda del trabajador rural; la madre, Gladys Herrera; y la cuñada, Patricia Cuevas. "Hay que buscar un método para depurar de inmediato a la policía", declaró el funcionario. Organismos de Derechos Humanos, agrupaciones sociales, políticas y culturales de Tucumán emitieron un comunicado donde sostienen que “la policía de Tucumán se ha cargado otra vida” y exigen a las autoridades locales “protección inmediata” para la familia de Espinoza y “acompañamiento psicosocial” a las víctimas de los otros “hechos delictivos cometidos por las fuerzas de seguridad que debían protegerlos”.

Los antecedentes de la policía tucumana

Como ocurre hace décadas con los curas denunciados por pedofilia, a los que la Iglesia envía a nuevos destinos en lugar de quitarles sus espacios en la institución, en la policía tucumana también hay traslados de denunciados, en este caso por gatillo fácil. Dos de los policías acusados por la muerte y desaparición de Luis Espinoza ya habían sido señalados por la muerte de un joven en 2018.

Claudio Zelaya y Eduardo González Rojas son acusados de haber golpeado a Alan Andrada, de 20 años, hasta llevarlo a la muerte, tras haberlo detenido cuando fue a bailar. La golpiza habría tenido lugar en Monteros, al noroeste de Simoca, y luego fueron trasladados de comisaría. La causa está en trámite. Uno de ellos tiene también una investigación abierta por vejaciones y apremios ilegales.

Otra denuncia a la policía tucumana es por la muerte de Facundo Ferreira, de 12 años, asesinado de un tiro en la nuca. Facundo se había escapado de casa una noche para ver picadas cerca del Parque 9 de Julio. La versión policial es que reprimieron una agresión porque los dos adolescentes estaban armados. “No se trató de un caso de gatillo fácil, ya que los agentes actuaron contra un claro ataque y contra una agresión; como es su deber y obligación”, le dijo el ministro de Seguridad, Claudio Maley, al diario La Gaceta. No hubo ninguna prueba de que los chicos estuvieran armados. Los policías permanecieron en sus cargos.

Maley sigue siendo ministro del área. Consultado acerca de por qué los policías del caso Espinoza fueron separados de sus cargos y el resto no, dijo: “Constantemente estamos revisando situaciones de ésas. El mismo jefe de policía ha puesto intervención de la justicia y quizás no se han dado a publicidad. Del caso Ferreira, uno está en la cárcel (por robar en moto, no por esa causa). Hay una conducta que está evaluándose. Hay un policía que está trabajando con una actividad limitada. Son situaciones distintas. En lo administrativo, los dos están en la misma situación. En lo judicial, hubo otra situación y por ese motivo están detenidos”.

Cuevas, cuñada de Espinoza, la esposa de Juan Antonio, le dijo a este medio que “en la provincia, nunca ha llegado a hacerse justicia porque los policías siempre se cubrían, siempre hacían lo mismo. Que se lo lleven a Luis hasta Catamarca quiere decir que están acostumbrados a estos crímenes. No es la primera vez que lo hacen”.

Cenital.com

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