AMBIENTALISTAS EN ALERTA FRENTE A LEY DE EXPLOTACIÓN DE LAS ISLAS

Los incendios provocados en las islas y la eliminación de la biodiversidad para garantizar la producción agropecuaria, generaron un sacudón político en Entre Ríos que rompió la monotonía de la pandemia. Organizaciones ambientales, vecinales y sociales juntan firmas para impedir la aprobación de la ley para la explotación en zonas de humedales e islas.
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En la jornada del jueves comenzó a circular una nota dirigida a la Cámara de Senadores en la cuál se rechazaba en todos sus términos el proyecto de ley impulsado por el Fiscal de Estado, Julio Rodriguez Signes, sobre la explotación productiva de islas y humedales en la provincia de Entre Ríos.

Dicho proyecto buscaría regular una parte de los mismos bajo una óptica extractivista, dando prioridad a la producción y lucro, contraponiéndose a propuestas de conservación y salubridad, que tanto peso han ganado en la opinión pública. La nota que circula de las organizaciones recuerda que es el mismo Rodriguez Signes el que impulso hace algunos años un proyecto de producción arrocera en zona de islas, que luego de aprobado en la legislatura (sumisa al poder ejecutivo como siempre), tuvo que ser derogado por el repudio social que generó.

Con fuego en las islas y humo en las comunicaciones de la Provincia con Nación, el Fiscal de Estado (al parecer, conocedor de los valores de bienes inmuebles) vuelve a la carga con un proyecto de ley que garantice la explotación en las islas y le permita seguir en el negocio a los permisionarios. 

Es esa la razón por la que este proyecto de ley desoye las propuestas del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, de promover como "reserva nacional a las islas del delta del río Paraná, contemplando lo productivo pero con un resguardo de lo ambiental".

La nota que comenzó a circular durante el jueves afirma que la intención del Fiscal de Estado es "legitimar el estado actual de los permisos de uso de suelo con fines de explotación productiva otorgados por la provincia, (permisos cuya información pública se desconoce), aumentar el ecocidio que actualmente se genera por causa de los incendios intencionales en el Delta, permitir la expansión de la frontera agroindustrial, legitimar la extracción de las arenas para fracking que actualmente se realizan de manera descontrolada y dañina en las costas de los ríos Paraná y Uruguay. En suma, acelerar la destrucción de los humedales y el suelo de islas de la provincia."

Por esa razón, las organizaciones promotoras demandan cuatro puntos. El primero es "Rechazar en todos sus términos el proyecto de ley presentado ante esta cámara con el pretexto de determinar el uso de suelos de humedales de la provincia".

En el segundo punto, van directo al autor del proyecto: "Rechazar los sucesivos intentos del doctor Rodríguez Signes por establecer un dominio de las tierras públicas de la provincia en manos privadas que incrementen la agroindustria contaminante, contradiciendo de ese modo el mote de “sustentable” que proclama en el párrafo primero"

En el tercer punto reclaman mayor participación de otros legisladores en el tema: "Que los proyectos de esta naturaleza sean girados a la comisión de Ambiente de esa Honorable Cámara".

Por último, exigen una "auténtica ley de protección de los humedales e islas de nuestra provincia, que promueva la Integridad Ecológica de los mismos de manera efectiva, definida y concreta, así como su inventario".

A diferencia de otros momentos, el planteo de los sectores ambientalistas y vecinales no quedan aislados y encuentran acompañamiento de algunas esferas del Estado. 

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