¿QUÉ PASÓ EN EL ÚLTIMO ALZAMIENTO POLICIAL EN ENTRE RÍOS?

Los hechos generados por exonerados, ex policias, familiares y policías en actividad en la provincia de Buenos Aires, generó una situación tensa para las instituciones y las fuerzas democráticas en el país. En nuestra provincia, el último episodio de estas características fue en el 2013. ¿Qué sucedió y como terminaron los reclamos?
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El crecimiento de la disputa política en el año 2013 derivó en una derrota electoral del oficialismo en el país. Las fuerzas que posteriormente conformaron la Alianza Cambiemos comenzaban a encontrar huecos donde posicionarse y golpear con fuerza al gobierno de Cristina Fernández. En diciembre de ese año, un conjunto de provincias vivió momentos de seria tensión, ya que las fuerzas de seguridad provinciales comenzaban a acuartelarse por "reclamos salariales".

El acuartelamiento significa la toma de edificios o instituciones policiales, de manera violenta y bajo la presencia de las armas reglamentarias con la que los agentes deberían utilizar para realizar su trabajo.

Fueron 21 las provincias que sufrieron esos últimos días de 2013 la tensa situación frente al alzamiento policial. Los acuartelamientos fogonearon también saqueos a comercios y generaron distintos hechos de violencia, ya que aclaraban los manifestantes armados qué lugares no se iban a patrullar. Los escenarios más complejos se vivieron en Tucumán y Chaco, en donde fallecieron en esas jornadas al menos doce personas.

En nuestra provincia fueron, como mínimo, tres las personas fallecidas en distintos hechos (todas civiles muertas por enfrentamientos). El conflicto tuvo como ciudad cabecera a Concordia.

Las tensiones durante el acuartelamiento fueron tal  que, por intermediación de la Iglesia, el propio gobernador Urribarri tuvo que viajar hasta Concordia para reunirse con los voceros del conflicto y proponerles un acuerdo para que depongan su actitud. Se firmó un acta que contemplaba un aumento salarial y un pago extra en cuotas.

Posteriormente, a inicios del año 2014, el gobierno de Urribarri da de baja el acuerdo firmado, sosteniendo que se realizó bajo extorsión y la provincia demando a 70 efectivos de la fuerza policial que habían protagonizado el conflicto

El procurador general del Superior Tribunal de Justicia en ese entonces, Jorge Amílcar García, "consideró que el acta y la foto de su firma son una prueba contundente de la extorsión ejercida por los policías acuartelados en Concordia, y anticipó que será la primera prueba que incluirá en la denuncia", afirmaba el diario Uno en enero de 2014.

La denuncia fue por sedición ya que "se trató de una exigencia extorsiva, cuyo propósito fue arrancar una medida mediante el uso de las armas".

En ese momento, el gobernador Urribarri aclaró que concurrió a firmar el acta, posteriormente anulada, para evitar que en la provincia "corriera un baño de sangre. Lo hice pensando en la gente que había que proteger".

Con el correr de los días y bajo investigación judicial se comprobó que varios de los acuartelados fueron también los promotores de los saqueos a comercios. El más implicado en ello fue el oficial Romeo Valdéz, al que se le descubrió en la casa de su madre infinidad de elementos sustraídos en comercios de Concordia.

El 8 julio de 2015, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia, integrado por Jorge Barbagelata, Silvina Gallo y Darío Perroud, les aplicó penas de entre 3 y 4 años de prisión a 17 policías, al hallarlos culpables del delito de sedición agravada (por la función pública que desempeñaban). 

Posteriormente, la Cámara de Casación Penal agravó las figuras penales que se les imputaron a los policías. También los condenó por ser coautores de los delitos de sedición agravada y privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal. 

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